El Senado dió luz verde definitiva a la Ley de Medios de Pago por la que se faculta a los comerciantes a aplicar una «cuota adicional» sobre el precio que figura en la etiqueta del producto sólo por el hecho de pagar con una tarjeta.
De ser ratificado el texto en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, se prevé que entre en vigor en la primera semana de enero.
Los establecimientos que tengan un Terminal en Punto de Venta (TPV) podrán cobrar a sus clientes un «recargo adicional» por el simple hecho de no pagar sus compras en efectivo, un porcentaje que, a día de hoy, asumen las propias empresas.
El recargo, que calculan en torno a un 0,9%, se medirá por el coste que supondría para un cliente llevar esa cantidad de dinero en el bolsillo. Así, se tendrán en cuenta desde el hecho de tener que acudir a la ventanilla o al cajero automático para retirar el efectivo, hasta el riesgo que se corre al andar por la calle con grandes sumas de dinero.